LIBERTAD DE EXPRESION

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Debido a comentarios que realizara una revista en una publicación y un periodista en una audición radial por supuestos actos de corrupción por pagos de comisiones respecto a pautas publicitarias, sobre una persona, que se desempeñaba en el Ministerio de Acción Social como coordinador general de prensa, fueron demandados tanto la revista, la radio como el periodista y luego de que la sentencia  del a quo hiciera lugar a la demanda y la Cámara confirmara la sentencia, el demandado dedujo recurso de apelación federal y fue en queja por denegatoria del mismo a la CSJN quien revocó parcialmente el fallo.

 

SUMARIO:

La libertad de expresión no comprende tan solo la tutela de las afirmaciones “verdaderas”, sino que se extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no merece un juicio de reproche de suficiente entidad.

El derecho a la libertad de expresión -que supone dar y recibir información- y más específicamente el de libertad de prensa, lejos de agotar su virtualidad en la prohibición de la censura previa, se presenta, por una parte, como derecho provisto de una dimensión institucional de libertad, que tiende a realizar, en el plano de la información, el pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento y ordenamiento del estado democrático de derecho; y por otra parte, como derecho público subjetivo, en el sentido de derecho a la libertad de los individuos frente al poder público a fin de evitar cualquier intromisión de este último que no tenga apoyo legal (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

La preeminencia y, por lo tanto, impunidad -que la Constitución Nacional otorga a la libertad de prensa- está signada por la veracidad en la información -en el sentido de que sea obtenida con diligencia y contrastada previamente con datos objetivos y verificables- y el fin lícito en cuanto a que la información tenga por objetivo ilustrar, enriquecer, generar el debate de ideas, excitar el intercambio de opiniones y propuestas sobre la cosa pública o de interés general, etc. y en cuanto a que la información no persiga atentar contra el estado como cuerpo social, son un mandato constitucional. (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

Si bien en el régimen republicano la libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa.

El funcionario público que reclama en juicio contra el responsable de una noticia que, a su entender, lo difama injustamente, debe demostrar la real malicia del medio periodístico, esto es que ella fue difundida con conocimiento de que era falsa, o sin considerar en absoluto si era o no cierta. (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

La aceptación de la doctrina de la real malicia -como criterio de evaluación de la responsabilidad de los periodistas y medios de comunicación, introduce un factor de atribución subjetivo de responsabilidad de carácter específico, distinto y cualificado respecto del general contemplado en las normas vigentes de la legislación de fondo, para la cual basta la simple culpa a fin de hacer jugar la responsabilidad del agente causante del daño y no necesariamente que se actuó con conocimiento de que dicha noticia era falsa (dolo) o con temerario desinterés acerca de si era falsa o no (culpa grave o casi dolosa) (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

La doctrina de la real malicia -como criterio de evaluación de la responsabilidad de los periodistas y medios de comunicación- provoca un agravamiento de la carga probatoria que incumbe al funcionario público, pues si bien el medio periodístico- en función del régimen de las cargas probatorias dinámicas- no queda eximido de probar lo que es propio, queda en cabeza de dicho funcionario la necesidad de acreditar no sólo la inexactitud de la información difundida, sino también, muy especialmente, que el órgano de prensa obró del modo descripto, es decir, con real malicia, situación que lo distingue de la que concierne a otras personas afectadas por noticias vinculadas a su vida privada, a quienes les basta probar la inexactitud del hecho que se ha difundido, deduciéndose de ello la existencia de, por lo menos, culpa (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

Es evidente la dificultad fáctica -no imposibilidad- que existe para acreditar el dolo o la grave negligencia en los términos de la doctrina de la real malicia, habida cuenta de que para lograr ello se debería tener acceso a los archivos del periodista u órgano de prensa demandado, a las constancias relativas a entrevistas, investigaciones previas, conferencias, correspondencia, etc., encontrándose el actor en muchos casos con el valladar que significa el mantenimiento de las fuentes de información. Ante tal estado de cosas, debe buscarse un adecuado equilibrio, que sin restar efectos a la doctrina de la real malicia como útil herramienta para contribuir al sostenimiento de una prensa libre, tampoco deja indefenso al individuo frente a una injusta agresión periodística, extremo éste que se logra colocando también en cabeza del órgano de prensa la carga de aportar solidariamente la prueba de signo contrario indicada, máxime ponderando que es dicho medio quien, precisamente, está en mejores condiciones profesionales, técnicas y fácticas de hacerlo. (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

Cuando un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad difamatoria para un tercero, no responde civilmente por ella, cuando hubiese atribuido su contenido a la fuente pertinente y efectuado, además, una transcripción sustancialmente idéntica a lo manifestado por aquélla. Parece justo, entonces, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor personal, exigir que el que propale la noticia acredite judicialmente que ha invocado la fuente y que sus dichos coinciden sustancialmente con aquélla.

A los efectos de adjudicar responsabilidad civil a los medios informativos por la difusión de noticias inexactas es necesario distinguir según la calidad del sujeto pasivo de la difamación, esto es, entre el “funcionario público” y el “ciudadano privado”, confiriendo una protección más amplia a este último, en virtud de ello, para obtener la reparación pecuniaria por las publicaciones concernientes al ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos deben probar que la información fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca de tal circunstancia; en cambio basta la negligencia precipitada o simple culpa en la propalación de una noticia de carácter difamatorio de un particular para generar la condigna responsabilidad de los medios de comunicación pertinentes.

La Constitución Nacional, no obstante reconocer un papel fundamental a la libertad de prensa, cuando se la debe compatibilizar con otros derechos también de rango constitucional tales como la intimidad, el honor, la propia imagen -tanto privada como pública-, la propiedad, etc., no puede ser interpretada de modo tal de relegar indiscriminadamente a los últimos cuando entran en conflicto con aquélla, por motivo o en ocasión de la propalación de una información cuyo contenido injustamente los agravia o desconoce. (Del voto en disidencia del doctor Vázquez).

 

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